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Discapacidad y Política

Nino Olmeda, periodista de información política en la Asamblea de Madrid

Nino Olmeda

«Ya están las piezas sobre el tapete político y se necesita establecer unas reglas claras que regulen las relaciones entre los representantes de los discapacitados con los que tienen posibilidad de cambiar las leyes y hacer otras nuevas».

Las cuestiones que atañen a las personas con algún tipo de discapacidad ya no son ocupación y preocupación exclusiva de los colectivos afectados y de sus familiares más allegados, sino que poco a poco empiezan a entrar en las instituciones y se convierten en algo que aparece en las agendas de los responsables institucionales y políticos. La vida de los ciudadanos que deambulan con el apoyo de muletas, van en sillas de ruedas, necesitan de ayudas técnicas o humanas para ver con los ojos de los demás, o aquéllos que tienen discapacidades psíquicas o sensoriales, empieza, como la del resto de humanos, cuando se levantan por la mañana, continúa con sus desplazamientos al trabajo, a estudiar o a no hacer nada más que esperar a que la crisis económica pase y se ofrezcan nuevas posibilidades a los colectivos más golpeados por el galopante paro. Cómo desarrollar sus vidas en similares condiciones que el resto de personas, las denominadas válidas, normales o capacitadas, es la gran preocupación de estos colectivos.

Existen numerosas leyes que garantizan los derechos de las personas discapacitadas y que garantizan la accesibilidad con unas supresiones totales de barreras arquitectónicas, y de las otras, que nunca terminan de llegar porque avanzan lentamente y siempre queda mucho por hacer. La existencia de entidades que agrupan a representantes de estos colectivos, tales como el Cermi, supuso un avance para todos porque sus reivindicaciones tenían una voz propia. De pronto, este tipo de movimientos gana prestigio por lo razonable de sus propuestas y por la atención a la realidad real que prestan sus integrantes, y las instituciones políticas se fijan en ellos.

La Asamblea de Madrid crea una comisión específica para abordar los asuntos y peticiones de este colectivo y el Cermi empieza a ser una pieza de caza que puede ayudar a los intereses particulares de cada partido político. Ya están las piezas sobre el tapete político y se necesita establecer unas reglas claras que regulen las relaciones entre los representantes de los discapacitados con los que tienen posibilidad de cambiar las leyes y hacer otras nuevas. La única pretensión es que la discapacidad no se convierta en un arma arrojadiza que se lanzan unos partidos contra otros para dar la sensación de que son ellos, y no los otros, los que apoyan a estas personas. Al Cermi podrán usarlo como entidad para ocupar un puesto en la Asamblea de Caja Madrid, dentro de una de las batallas entre socialistas y populares, u obviar su existencia a la hora de compartir preocupaciones por la lentitud en la aplicación de la Ley de Dependencia, pero sería un grave error dejarse querer por las organizaciones políticas que no cuentan en sus plantillas con el porcentaje de empleados discapacitados que señala la ley ni con instalaciones adaptadas a todos sus visitantes.

Discapacidad y Política, un buen equipo para acercar las reivindicaciones de estas personas a las personas que tienen posibilidad de conseguir eliminar las barreras que impiden que todos seamos iguales y entremos por la misma puerta. La voz de los discapacitados tiene que aparecer, como la de otros muchos colectivos, en el mundo de la política, pero no para adornar sus actos y programas sino para defender las peticiones de personas que llevan demasiados años esperando ser tenidas en cuenta por los partidos, tanto cuando están en la oposición como cuando son los responsables de los avances o retrocesos en este sector. Amigos, sí, pero de primos, nada.

 

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